La Información Ambiental

Si hay una evidencia de la progresiva concienciación de la sociedad por preservar los valores medioambientales, esa es la demanda de información de cualquier tipo existente al respecto. Y esta demanda ha tenido su reflejo entre las distintas instituciones nacionales y supranacionales.

Así, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, consagró en su Principio 19: “Es indispensable una labor de EDUCACIÓN en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que presente la debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una OPINIÓN PÚBLICA BIEN INFORMADA y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana”.

Por su parte, la Constitución Española en su artículo 45 reconoce el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Y responsabiliza a los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

En la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, la comunidad internacional abordó el reto de articular un modelo de desarrollo que fuera capaz de compaginar el desarrollo económico con el bienestar social y ambiental de la sociedad. El principio 10 de la Conferencia de Río dice: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre ‚éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

Resumiendo en muy pocas palabras lo expuesto anteriormente, para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable, deben tener acceso a una información ambiental relevante. Y cualquier actividad relacionada con el medio ambiente, directa o indirectamente, debe estar respaldada por una buena información.

El 19 de julio de 2006 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en adelante Ley 27/2006), con el objetivo de garantizar la libertad de acceso y difusión de la información sobre el medio ambiente en poder de las autoridades públicas a todas aquellas personas físicas o jurídicas que la reclamen. La Ley 27/2006 refleja la filosofía adoptada por la Unión Europea de facilitar el acceso a la información sin obstáculos, y sin tener que dar cuenta del porqué de nuestro interés, permitiendo así conocer el entorno en que vivimos y las actuaciones que las Administraciones públicas desarrollan en el mismo. Este derecho es la base sobre la que debe apoyarse la participación ciudadana, otra de las líneas estructurales de la normativa europea en materia de medio ambiente.

Esta Ley incorpora las Directivas Europeas 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información ambiental, y la 2003/35/CE por la que se establecen medidas para la participación del público en determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.

Tanto la Ley 27/2006 como las Directivas europeas se asientan sobre los tres pilares de la Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, que tuvo lugar en Aarhus el 25 de junio de 1998, y que es comúnmente conocida como Convenio de Aarhus.

España ratificó el Convenio de Aarhus en diciembre de 2004, entrando en vigor el 31 de marzo de 2005, fecha desde la que puede considerarse fuente directa de derecho interno y directamente aplicable en el ámbito español. Es un convenio internacional cuya premisa principal es que una mayor implicación y sensibilización pública con relación a los problemas ambientales conduce a una mejor protección del medio ambiente. El acceso a la información ambiental desempeña un papel esencial en la concienciación y educación ambiental de la sociedad, constituyendo un instrumento indispensable para poder intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos. El Convenio tiene por objeto contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y su bienestar. Garantiza los derechos del público e impone obligaciones a las autoridades públicas sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia.